Tras haber recaído sentencia en juicio de malos tratos, disponemos de un plazo para recurrir la condena que se haya impuesto al autor de los hechos. Este plazo nos habilita para solicitar una minoración o absolución de dicha condena, por lo que debemos estar atentos y no dejar pasar el plazo.

Una vez declarada la firmeza de la sentencia, bien porque el órgano encargado de examinar el recurso haya dictado sentencia o no haya admitido el mismo, o bien porque no hayamos recurrido, la sentencia deviene de OBLIGADO CUMPLIMIENTO. Por lo tanto no podremos intentar "retirar" la orden de alejamiento llegado este momento. El procedimiento estará en fase ejecutoria, y no podrá modificarse la sentencia dictada.

En multitud de casos, las parejas reconciliadas acuden al Juzgado que dictó la sentencia, a realizar una comparecencia, a fin de poner en su conocimiento que conviven juntos y que no existe ningún problema entre ellos. De esta forma se pretende evitar una futura condena por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Si bien, queremos dejaros constancia de que cualquier tipo de intervención policial cuando la pareja esté reunida (renovación del DNI, control de alcoholemia, etc.), hará saltar las alarmas por la existencia de la orden de alejamiento. Ello supondrá la apertura de diligencias previas por el delito de quebrantamiento, lo que puede llegar a acarrear circunstancias tan graves como que el miembro de la pareja condenado por la sentencia de malos tratos, cuya pena de cárcel haya sido suspendida, entre en prisión por la comisión de un nuevo delito, ya que comportaría el levantamiento de la suspensión de la entrada en prisión.

Queremos recordaros que el procedimiento que sigue a la denuncia de malos tratos está previsto para salvaguardar, ante todo, a las víctimas, por lo que no debemos tomar a la ligera las consecuencias que se derivan de ello.

Recuerde que AFZ Abogados se encuentra a su entera disposición. Póngase en contacto con nosotros a través de  los siguientes números de teléfono   91.899.05.15 o 606.13.89.93, o bien, a través del correo electrónico [email protected]

En esta entrada de Blog os hacemos partícipes de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 17 de marzo de 2014 (Rec. 1482/2012), en la que el objeto de debate es la extinción o modificación a la baja de la cuantía percibida por la ex esposa en concepto de pensión compensatoria.

Como ya pusimos de manifiesto en nuestra entrada “Modificación de medidas definitivas tras procedimiento de nulidad, separación o divorcio” (http://www.afzabogados.com/blog/2013/07/05/Modificaci%C3%B3n-de-las-medidas-definitivas-tras-procedimiento-de-nulidad-separaci%C3%B3n-o-divorcio.aspx) , conseguir el beneplácito del juzgador a la hora de embarcarse en un procedimiento de modificación de medidas definitivas no es cuestión fácil, ni exenta de rígidos requisitos. En este caso, el Tribunal considera que se cumplen las condiciones necesarias para que opere tal modificación, por tratarse de una circunstancia imprevisible, involuntaria, objetiva, sustancial, y permanente.

El procedimiento de modificación deviene de la herencia recibida por la ex esposa, tras el fallecimiento de su madre, entendiéndose, en base a tal suceso, superado el desequilibrio económico que determinó la pensión compensatoria que, por importe de 1.500 euros mensuales, recibía a cargo de su esposo.

Pues bien, tras plantearse la demanda por la representación del ex esposo, y ser rechazada su pretensión en primera y segunda instancia, finalmente el Tribunal Supremo aprecia la concurrencia de la alteración sustancial a que se refiere el artículo 100 del Código Civil, y estima que ha desaparecido el desequilibrio económico determinante del reconocimiento del derecho a la pensión compensatoria, siendo ésta causa de extinción según el artículo 101 CC.

La Sala ha señalado en repetidas ocasiones que la pensión compensatoria está concebida en la ley como un medio para evitar el desequilibrio producido en uno de los cónyuges por la separación o el divorcio, pero ello no implica que sea un medio para lograr la igualación entre los cónyuges, así lo señalan las SSTS 864/2010, de 19 enero 2010 , 25 de noviembre 2011 , 20 de junio 2013, entre otras. Este desequilibrio ha desaparecido a tenor de los datos de prueba y por tanto, desaparece también la razón de ser de la pensión.

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Aprovechando la reciente Sentencia, nº 622/2013, del Tribunal Supremo, de fecha 17-10-2013, queremos haceros partícipes de la regla contenida en el artículo 96 del Código Civil, consistente en la atribución del uso de la vivienda familiar al progenitor custodio y al menor, y que en ocasiones pasa por  privar del uso de la vivienda aquel que ostenta la propiedad del inmueble. Dicha situación tiene una razón de ser, a pesar de que a primera vista puede producirnos cierto rechazo o extrañeza.

A continuación, a partir de la Fundamentación Jurídica de la meritada Sentencia, os mostraremos el fin último que persigue el legislador a través de este artículo del Código civil tan polémico, esto es la protección del interés del menor que requiere alimentos, que deben prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación (art. 142 CC)

La Sentencia comienza estableciendo que el uso de la vivienda familiar es una forma de proteger el interés del menor, con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse temporalmente.

La cuestión que se suscita en el recurso sustanciado mediante esta resolución tiene que ver con la asignación del uso de la vivienda familiar al menor y la madre, en un supuesto en el que, siendo propiedad privativa del esposo, fue la vivienda que sirvió de domicilio familiar del matrimonio, hasta la ruptura.

Se ha llegado a decir que la atribución del uso al menor y al progenitor (SSTS de 29 de marzo de 2011  y 5 de noviembre de 2012), "se produce para salvaguardar los derechos de este, pero no es una expropiación del propietario" y en ocasiones supone también un abuso de derecho.

Para evitar estos abusos, existen excepciones a la norma derivadas de:

a) el hecho de que la esposa y su hijo residen en una nueva vivienda que aquélla ostenta en copropiedad con una nueva pareja con la que convive (STS 29 de marzo 2011),

b) la madre ha adquirido una nueva vivienda que cubre las necesidades de alojamiento de la hija menor en condiciones de dignidad y decoro, además, el padre recupera la vivienda lo que le permite disfrutar de un status similar al de su hija y su ex esposa ( STS 5 de noviembre 2012),

c) no es contrario al interés del menor el hecho de mantener durante tres años al hijo y a su madre en la vivienda para pasar luego a la otra, cuya habitabilidad no se ha cuestionado, cuando el domicilio familiar conlleva el uso de la finca e impide la disposición de un patrimonio común importante, afectando necesariamente a la liquidación del haber conyugal y a su reparto entre ambos cónyuges (STS 17 de junio 2013).

Sin duda, el interés prevalente del menor - STS 17 de junio 2013  - es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño.

En definitiva, la atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección, que se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios, no pudiéndose limitar el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien (STS 14 de abril 2011). Si se permitiese la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español. 

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La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de Abril de 2013, (rec. 2525/2011) ha fijado doctrina en torno a la interpretación de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 92 del Código Civil en lo relativo a los presupuestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del menor, el régimen de guarda y custodia compartida.

La Sala recuerda que tras la sentencia del Tribunal Constitucional 185/2002, de 17 de octubre, la adopción del régimen de guardia y custodia compartida ya no depende del informe favorable del Fiscal sino de la valoración que merezca al Juez la adecuación de dicha custodia compartida. Dicho criterio judicial será la regla general siempre que no resulte perjudicial para el menor, pues, “el mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres”.

 

Se declara como Doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el <<interés de los menores>> que van a quedar afectados por la medida que se debe tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como:

- La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; 

- Los deseos manifestados por los menores competentes; 

- El número de hijos; 

- El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; 

- El resultado de los informes exigidos legalmente;

- Cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. 

Esta medida, según la Sentencia antes comentada, no se aplicará excepcionalmente, muy al contrario, será considerada como el modo deseable de actuación en los procedimientos de divorcio, separación, nulidad y medidas paterno-filiales, ya que es la única que preserva la efectividadad del deseo que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun es situación de crisis, siempre que ello sea posible.     

  

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Nuestra intención ha sido siempre daros a conocer las novedades jurídicas, en este caso jurisprudenciales, que resultan de aplicación a vuestros y nuestros asuntos. Se trata de temas candentes y que preocupan a la sociedad. En esta ocasión haremos referencia a la novedosa Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de fecha 19-7-2013, sobre la guardia y custodia compartida de hijos menores.  

Resulta de suma importancia para todos aquellos que se hallen inmersos en un procedimiento de divorcio, separación, o bien de modificación de medidas, siendo esta la razón por la que os extractamos su contenido.

 

"En un procedimiento de modificación de medidas se solicitó la guarda y custodia compartida de los dos hijos menores. En primera y segunda instancia se consideró que no era procedente esta medida por varios motivos. El Ministerio Fiscal, sin embargo, informó en todo momento a favor de este régimen.

Entiende la Sala que el rechazo al sistema de custodia compartida, basado en el informe psicológico, omite, como ya señaló el Ministerio Fiscal, "que los hijos tienen un vínculo afectivo normalizado y positivo hacia el padre y hacia la madre, no presentando preferencias por ninguno de los dos", al tiempo que "ambos progenitores son válidos para ejercer la guarda y custodia de los menores y presentan alto grado de interés por el bienestar de los mismos". En conclusión, se considera que no hay obstáculos para fijar un sistema de guarda y custodia compartida por períodos de 15 días, durante los cuales cada progenitor atenderá directamente los alimentos cuando tenga consigo a los hijos, siendo los gastos extraordinarios por mitad. Uno y otro deberán cooperar en relación con las responsabilidades y funciones referentes a la guarda y custodia y resolverán de mutuo acuerdo cualquier otra cuestión no prevista".

 

Esta Sentencia del Tribunal Supremo es un paso muy importante para la aprobación de la reforma legislativa sobre esta materia instada por el actual Ministro de Justicia, estaremos pendientes de publicar en esta entrada cualquier cambio o novedad legislativa que dicha Sentencia provoque en nuestro actual sistema normativo.

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El tema central de este nuevo artículo de nuestro Blog tiene su base en la importante cuestión de la modificación de las medidas que rigen la relación de las personas que decidieron, en su día, poner fin a su matrimonio, y que fueron convenidas en un procedimiento de separación, nulidad o divorcio,  por los cónyuges o  adoptadas judicialmente en caso de que no existiese acuerdo entre éstos. Se trata de una cuestión compleja y que afecta a muchas familias, en especial en el actual momento de crisis económica que asola nuestro País, ya que los compromisos, fundamentalmente económicos (pensión de alimentos, compensatoria, etc.) asumidos en época de bonanza devienen de imposible cumplimiento por parte de alguno o ambos cónyuges dadas las dificultades actuales.

En aras a extractar  los requisitos y circunstancias de necesaria concurrencia para que puedan operar las modificaciones pretendidas, a continuación analizaremos la legislación imperativa al respecto, comenzando por el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que alberga la posibilidad de que, los cónyuges, en todo caso y el Ministerio Fiscal, en el ámbito de sus competencias, puedan solicitar al Juez la modificación de las medidas acordadas en su día por los cónyuges y aprobadas judicialmente o de las adoptadas en los supuestos en que no haya habido acuerdo entre ellos. Dicha modificación podrá ser solicitada siempre que hayan cambiado, de manera sustancial, las circunstancias que se tuvieron en cuenta al acordarlas o al adoptarlas. 

  

 

Han sido los Tribunales los encargados de tasar los requisitos que deben cumplirse para que pueda producirse tal modificación de medidas; estos son:

-       En primer lugar, los hechos en los que se base el cambio de  circunstancias que obligan a solicitar la modificación deben ser posteriores a la sentencia de separación, nulidad o divorcio. 

 

-       En segundo lugar, la alteración de las circunstancias debe ser (Audiencia provincial de Madrid, Sentencias de 26 de mayo y de 9 de junio del año 2006): 

-      En tercer lugar, y derivado de lo anteriormente expuesto, debemos entender que no todo cambio de las circunstancias puede provocar la modificación, sino sólo aquéllos que afecten al núcleo de la medida y no a circunstancias accesorias o accidentales. 

-       Como cuarto requisito imprescindible debemos subrayar la necesidad de que sea un cambio objetivo importante.

 

-       Este cambio debe ser permanente, indefinido y estructural, no meramente temporal y coyuntural.

 

-       La alteración de las circunstancias que producen el cambio, no  debe haber sido provocada por quien solicita el cambio, ni buscada por el solicitante; tiene que ser de carácter involuntario.

 

-       El último requisito, y al que debemos prestar mayor atención si hoy en día se encuentran inmersos en un procedimiento de divorcio, separación o nulidad, tiene su base en la previsión, es decir,  si al tiempo de adoptar la medida ya se tuvo la posibilidad de pronosticar (dentro de un pensamiento lógico y racional) la producción del cambio de circunstancias, no procederá la modificación de la medida. Por lo tanto deberemos ser realmente exhaustivos, minuciosos y prudentes a la hora de proponer las medidas que regirán la relación de los ex cónyuges e hijos, si los hubiere; pues, un cambio en sus actuales circunstancias, podrán acarrearle problemas innecesarios que habrían sido evitados a través de una correcta asistencia jurídica.

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